La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades no ha incrementado la financiación de la Fundación FECLEM desde 2015. No tiene en cuenta la especialización del servicio, los resultados del trabajo realizado o la actualización anual del IPC. Tampoco ha valorado el aumento de personas apoyadas jurídicamente por un problema de salud mental, ni los cambios aplicados desde el 2021 para cumplir la legislación en materia de discapacidad.

Desde el 1 de enero toda la plantilla de FECLEM está inmersa en un expediente de regulación de empleo por carencia de medios económicos. Esta ha sido “la solución” para seguir realizando el trabajo diario de apoyo jurídico a personas con un problema de salud mental. A pesar de haber contactado con las instituciones públicas, el Procurador del Común y los partidos políticos, no se ha conseguido negociar con la Consejería de Familia un sistema de apoyos que sea financiable y no deficitario.

Entre otras acciones realizadas, la Fundación FECLEM presentaba hace unos meses un manifiesto que cuenta a día de hoy con un millar de apoyos, ha aportado ideas fundamentadas en datos, ha realizado un estudio sobre el déficit de apoyos por parte de la Fundación Pública... pero nada de ello ha conllevado el respaldo requerido.

FECLEM es una entidad con 25 años de experiencia, certificada a nivel internacional, que lidera diferentes plataformas tanto regionales como estatales, que ha puesto en marcha proyectos innovadores, premiada por sus sistemas de gestión basados en la calidad, en el compromiso con las personas que apoyamos y con la sociedad en la que vivimos. Como explica el Gerente de FECLEM, Luis Ignacio García Vidal, “a pesar del trabajo realizado, desde 2009 no se cumplen las determinaciones del Procurador del Común en materia curatelar. Además, desde 2015 no se sube la financiación pública a las entidades curatelares a pesar de aumentar los fondos destinados a Servicios Sociales y los programas destinados a la salud mental en Castilla y León”.

El gasto principal de la Fundación son sus profesionales (un 80%), por lo que la reducción de jornada y sueldo en un 70% ha sido inevitable para que nadie tuviera que dejar de trabajar en la Fundación y las personas curateladas sigan teniendo garantizado un seguimiento personalizado que les permita una integración social en igualdad de condiciones. A día de hoy, las 26 personas afectadas por el ERTE, continúan cumpliendo con su responsabilidad laboral, no han desatendido sus obligaciones, están organizando nuevas formas de trabajo para ser más efectivos y efectivas… todo para que las personas que apoya la Fundación decidan sobre sus vidas y se respeten sus derechos como ciudadanos.