ENTREVISTA
El Gerente de la Fundación FECLEM, Luis Ignacio García Vidal, habla de la reforma legislativa en materia de discapacidad.
 

El 86% de las personas apoyadas por FECLEM tiene una sentencia de incapacitación total. La Fundación FECLEM apuesta desde hace años por sentencias judiciales más ajustadas a cada persona para no limitar sus derechos. Su Gerente, Luis Ignacio García Vidal, se congratula de los avances legislativos en esta materia.

 

La ratificación en el Senado para la reforma de la legislación en materia de apoyo a las personas con discapacidad es un avance fundamental. ¿Cómo vive FECLEM estos cambios?

Los cambios legislativos que vamos a vivir van en consonancia con la forma de trabajar que tenemos actualmente en las fundaciones tutelares en materia de discapacidad. En FECLEM ajustamos los apoyos a las necesidades de la persona y a la sentencia judicial. Llevamos años trabajando acorde con las líneas de la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU. Nuestro objetivo siempre será el propiciar una defensa de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Uno de los hitos más significativos será el reconocimiento público de la capacidad de decisión de las personas tuteladas que, hasta no hace muchos años, se entendía que estar tutelado era una condena al silencio. Esta visión catastrofista se ha ido modificando gracias a la labor de las entidades sociales vinculadas con la discapacidad.

Es un acierto desvincularse de figuras que son demasiado rígidas y apostar por el sistema de promoción de la autonomía que se propone. Porque no podemos olvidar que trabajamos con personas, que defendemos sus derechos y que es fundamental ajustarnos a los principios de necesidad y proporcionalidad que proclama la nueva Ley.

 

¿Cuáles son los avances que propician las entidades tutelares? y ¿cuál es la experiencia de FECLEM?

Vivimos muchas situaciones que nos permiten dar un paso más en beneficio de la autonomía de cada persona. La aprobación de esta gran modificación legal será el más importante de las últimas décadas.

Hasta el momento, teníamos que luchar por cada uno de los derechos de las personas apoyadas. Un ejemplo fue el derecho al voto de las personas con discapacidad, aprobado por la Ley Orgánica 2/2018 del Régimen Electoral General. Hasta ese momento, un 61% de las personas a las que representaba FECLEM ya lo ejercía, porque aquellas personas privadas de este derecho y que querían ejercerlo, dispusieron de un servicio de asesoramiento legal desde la Fundación. Nos ocupamos de requerir judicialmente la recuperación de la capacidad en este ámbito.

Otro ejemplo es el uso de la imagen. Cada persona tiene derecho a decidir dónde quiere aparecer, si le apetece estar en una red social, en un programa de televisión o si quiere que se publiquen las fotos de sus vacaciones. Por este motivo, aunque el juez le preguntara a la Fundación únicamente, FECLEM concluyó que toda aquella persona con la madurez suficiente para entender cómo se iba a utilizar su imagen, decidiera por ella misma. Estar en una situación de vulnerabilidad no significa no poder tomar decisiones. La Ley Orgánica 1/1982, Derecho al Honor, a la Intimidad, y a la Propia Imagen, ampara su capacidad de decisión.

Respecto a la gestión económica, cada vez son más las personas apoyadas por nuestra Fundación que operan con su banco directamente. La pandemia ha propiciado el impulso definitivo para que el disponer de una tarjeta de débito o monedero sea algo habitual entre personas que necesitan apoyo legal. La autonomía con apoyos en la gestión bancaria es una libertad por la que apostamos.